Las identidades nacionales expresan, por un lado, un sentimiento de unidad, lealtad recíproca y fraternidad entre los miembros de la nación; pero por otro, se manifiestan también en una pluralidad de discursos que construyen una narrativa acerca de la nación, su origen y su destino. Estos discursos identitarios coexisten simultáneamente y responden a la gran variedad de grupos, clases sociales, intereses y visiones del mundo que cohabitan en una nación. No es posible entonces entender la identidad nacional como una esencia o alma integrada, inmutable y constituida en un pasado remoto, de una vez para siempre, sino que va cambiando y transformándose en la historia, sin que esto implique una alienación o traición a una supuesta esencia profunda que nos habría constituido desde siempre.
 
En cada época, alguno de esos relatos predomina en el favor popular. Dichos relatos se refieren no solo a lo que somos, sino también a lo que queremos ser; se constituyen en el pasado remoto, pero también en un proyecto de futuro. Así, diversos acontecimientos históricos van formando contenidos de la identidad que dejan una impronta más o menos profunda en la nación. Algunos duran poco y desaparecen, o su sentido va cambiando y siendo reinterpretado en nuevos contextos históricos; otros son de más larga duración y marcan predisposiciones, sentimientos, gustos y modos de hacer las cosas más estables. Las identidades nacionales, entonces, se construyen en el tiempo y van cambiando: se modifican los sentimientos de fraternidad, cambian los contenidos, se conciben nuevos proyectos de futuro. La creación de versiones nuevas que resaltan aspectos olvidados o que dan cuenta de otros intereses subordinados no se detiene nunca; tampoco se las puede fijar de una vez para siempre con contornos definitivos.
 
CRISIS Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CHILENA
 
En la historia de las identidades nacionales existen algunos momentos claves en los cuales surgen las preguntas por la identidad con más fuerza que en otros períodos. Estas son la crisis sociales y políticas de las naciones que, casi siempre, se convierten en crisis identitarias. Como lo ha sostenido Kobena Mercer, “la identidad solo llega a ser un tema cuando está en crisis, cuando algo asumido como fijo, coherente y estable es desplazado por la experiencia de la duda y la incertidumbre”.[i] La identidad nacional se hace problemática en períodos de inestabilidad y crisis, cuando surgen amenazas a los modos tradicionales de vida. En situaciones de paz y estabilidad, la identidad se da por sentada; hay menos razones para que surjan preguntas sobre ella. Mientras mayor sea la sensación de crisis que tiene la gente, con mayor fuerza surgirán las preguntas por la identidad y se buscarán respuestas alternativas o proyectos que la perfilen como una solución a la crisis.
 
Si queremos entender entonces cómo se ha ido construyendo la identidad chilena es necesario detenerse especialmente en los momentos de crisis importantes en nuestra historia para analizar las nuevas preguntas identitarias que surgen y las varias respuestas que luchan por imponer sus visiones del futuro. Distingo así cinco crisis o puntos de inflexión principales que han contribuido de manera muy importante a la evolución de la identidad chilena: 1) el proceso de independencia a principios del siglo XIX que nos constituye como una nueva nación; 2) la crisis del primer centenario en el contexto de la primera guerra mundial y de la gran depresión que marcan el comienzo del fin del estado oligárquico y el advenimiento de una etapa populista con predominio político de las clases medias; 3) el golpe militar de 1973 que crea una fase de dictadura represiva y violación sistemática de los derechos humanos; 4) la lucha exitosa contra la dictadura que culmina en 1990 con la vuelta a la democracia y que abre una fase neoliberal; 5) la crisis del estallido social de octubre de 2019 que está todavía en desarrollo. Quiero proponer la tesis de antes de que estas cinco crisis identitarias están ligadas al surgimiento de nuevas versiones de identidad que conllevan nuevos proyectos socio-económicos y políticos, y que se asocian a importantes discusiones y cambios constitucionales.
 
Crisis de la independencia
 
Miremos por ejemplo la crisis de la independencia. Con el proceso de independencia alcanzó un punto culminante una crisis de identidad que había estado desarrollándose en Chile desde finales del siglo XVIII. Los criollos locales habían ido adquiriendo cada vez más conciencia de sí como grupo, y su identidad diferente se manifestaba en diversas luchas por el reconocimiento. Uno de los motivos más fuertes para la rebelión fue la exclusión de hecho de los criollos, una discriminación que los llevó a una profunda crisis y a construir una identidad alternativa y opuesta a la española. Su cohesión crecía y la conciencia de sus intereses aumentaba. Después de la independencia el sentido de chilenidad era mucho más precario de lo que es hoy: se estaba transitando desde ser colonia española a ser país independiente. La guerra de la independencia significa que hay potenciales chilenos en ambos bandos. De allí que en un comienzo la idea de pertenecer a una misma patria en que todos participan por igual era todavía muy débil. La nueva élite buscaba construir la nueva identidad con los valores ilustrados de libertad política y religiosa, tolerancia, ciencia y razón. Pero, desde un comienzo existió una distancia importante entre los principios liberales proclamados y la realidad de exclusión y explotación semi-servil de las mayorías campesinas.
   
La identidad chilena emergente necesitaba plasmarse en una nueva constitución que estableciera el nuevo sistema político y los derechos de los ciudadanos. En diversos intentos constitucionales se van adoptando ideas liberales, se expande una educación laica, se establece la libertad de prensa y de religión, se construye un estado republicano y se introducen formas democráticas de gobierno, pero todo esto con extraordinarias restricciones de hecho a la participación amplia del pueblo. Esta dualidad de progreso y limitaciones al proceso democrático puede verse claramente en las primeras constituciones, incluida la mas importante, la de 1833.
 
Crisis del primer centenario
 
Si nos enfocamos ahora en la crisis del primer centenario que marca el principio del fin del régimen oligárquico que había prevalecido en el siglo XIX, vemos la emergencia de una profunda polarización política que pone en duda las concepciones tradicionales de la identidad chilena.
 
Lo que los escritos de esta época reflejan, es una conciencia aguda de la crisis social que vive Chile a comienzos del siglo XX. Si en el siglo XIX campeaban las ideas positivistas que buscaban imitar a los europeos, surge ahora una valorización de lo propio, del mestizaje, y una desconfianza de los terratenientes y oligarcas. Aparece el discurso político de izquierda que critica el rol político de la oligarquía, la falta de oportunidades, la pobreza, el desquiciamiento moral y las deficiencias de la educación. De ahí surge un nuevo imaginario identitario de inclusión de las clases medias, de conciencia social sobre los problemas de la clase obrera, de igualdad, derechos sociales, trabajo, industrialización y participación política ampliada y auspiciada desde el estado. No sorprende entonces la llegada del Frente Popular y la derrota política de los conservadores. De cara a la interpretación crecientemente parlamentarista de la Constitución de 1833, que le daba el poder a un congreso dominado por los conservadores, la nueva Constitución de 1925 vuelve al presidencialismo y a la centralidad del poder y se ajusta mejor a los nuevos discursos predominantes de los regímenes populistas industrializadores.
 
Crisis de la dictadura de 1973
 
Con la dictadura de 1973, nuestro tercer punto de inflexión se entra en una nueva etapa de crisis aguda, que produce una fractura interna en la identidad que todavía no sana del todo. Nada atenta más contra el sentimiento de lealtad propio de una identidad nacional que algunos ciudadanos dejen de ser reconocidos como parte de la comunidad, o su integridad física no sea respetada y sus derechos sean sistemáticamente desconocidos. Muchos fueron colocados fuera de la comunidad y se les negó un sentido de mínima fraternidad. Esto condujo a una sociedad dividida y traumatizada por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. De aquí surgen el miedo y el menoscabo de símbolos de identidad (bandera, canción nacional) para un sector importante de la población.
   
La dictadura hace un intento muy serio por resucitar una versión militar de la identidad chilena y elevar al ejército a la condición de progenitor y garante de la chilenidad. Todo esto se plasma en la Constitución de 1980 que contiene una serie de elementos antidemocráticos, que le da un rol privilegiado a los militares, crea senadores designados, establece la subsidiariedad del Estado, avala una creciente privatización de la educación pública, la salud y la seguridad social, y contiene mecanismos que impiden su transformación.
 
Lucha contra la dictadura y vuelta a la democracia
 
La lucha contra Pinochet inaugura una cuarta crisis que se resuelve con el triunfo de la opción ‘No’ en el plebiscito de 1988 y la asunción del presidente Patricio Aylwin en 1990. El discurso democrático y de defensa de los derechos humanos gana el imaginario de la gente y se transforma en parte importante del nuevo proyecto identitario de Chile.
 
Si bien, no se logra alterar en su esencia la Constitución del 80, se va ampliando el ejercicio de la democracia y poco a poco se van aboliendo algunos de los enclaves autoritarios que contenía, sin llegar a perder nunca –sino solo hasta hoy– su ilegitimidad de origen. Sin embargo, la enorme radicalidad y fuerza de los cambios económicos neoliberales introducidos por la dictadura conducen a que otra parte importante del nuevo proyecto identitario tenga un carácter empresarial y neoliberal donde destaca a Chile como país emprendedor, exitoso y ganador; un país diferente al resto de América Latina, que aspira al desarrollo y se cree un modelo para los demás.
 
Movimiento estudiantil, 18 de octubre y Convención Constituyente
 
Ya en 2006, con la aparición de los movimientos estudiantiles, comienza a desarrollarse un descontento profundo con el sistema neoliberal y una crítica no solo a las profundas desigualdades que producen sus abusos y exclusiones sino también a la democracia liberal y a la representación política que maneja el poder. Estos procesos van produciendo grandes movilizaciones políticas de una violencia creciente en las calles. La crisis político-social en desarrollo va acompañada de una nueva profunda crisis de identidad. La democracia representativa aparece como un sistema que, bajo la apariencia de participación y de derechos políticos universales mediante los cuales se supone que el pueblo toma las decisiones básicas que orientan la sociedad, encubre una realidad de total falta de poder y participación para las grandes mayorías. La democracia liberal se ha convertido en una cáscara de participación formal que oculta la concentración del poder en pocas manos. Crece el sentimiento de que las decisiones claves acerca de las políticas sociales y económicas no están ya más sometidas a un debate colectivo abierto, y las mayorías sociales están efectivamente excluidas de los lugares donde se toman las decisiones.
   
La conciencia creciente que la gente ha ido adquiriendo acerca de que la arena política y las luchas entre partidos son un gran teatro de puras apariencias y que, por lo tanto, las posibilidades de un cambio real en la manera como la sociedad se maneja son mínimas, cualquiera sea el político que sea elegido, lleva a la frustración e indignación de las masas, al descontento social, que no encontrando establecidas las instituciones para darle expresión y resolverlo, busca una descarga extra-institucional a través de la violencia, las protestas y los movimientos sociales que se movilizan para forzar desde la calle a los gobiernos a resolver sus demandas. La crisis de representación significa que la gente ya no confía en los representantes que elige, porque nunca cumplen con el mandato que ellos creen haberles dado, ni con las mismas promesas que voluntariamente hicieron. De allí la creciente desafección con la política y la renuencia a votar en las elecciones. Más se puede lograr en la calle que eligiendo representantes.
 
Pero, además de los problemas de la democracia y en estrecha relación con ellos, aparece el resentimiento contra la desigualdad. El capitalismo desregulado que el neoliberalismo imperante ha impuesto ha producido crecimiento económico, pero al mismo tiempo una creciente concentración de la riqueza en pocas manos. Los salarios son muy bajos para la gran mayoría, mientras los ingresos de los ricos son excesivamente altos. Los ricos gozan de todas las ventajas mientras la gran mayoría vive una vida segregada en la que tiene una atención médica deficiente y lenta, pensiones irrisorias y educación de mala calidad y cara. La rabia y el resentimiento aumentan cuando se sabe de la corrupción en el financiamiento de los políticos, de las colusiones entre grandes empresas y de los abusos de poder. Estos sentimientos no siempre se manifiestan muy claramente, pero aprovechan cualquier movilización o manifestación en las calles para expresarse con violencia y un gran poder destructivo. El estallido del 18 de octubre de 2019 no es más que una expresión de estos procesos que venían creciendo desde hacía años.
   
En consecuencia, empieza el debate identitario sobre lo que hemos sido y lo que queremos ser. Vienen las ideas de la dignidad, de la sociedad de derechos, de la democracia plebiscitaria directa en contraposición a la democracia representativa. Todo esto se plasma en las demandas por una Asamblea Constituyente que, finalmente, es acordada en noviembre de 2019.
 
La manera en que es aprobada la Convención Constituyente y es subsecuentemente elegida, muestra ya hacia donde apunta el cambio identitario: por primera vez en la historia la institucionalidad chilena, forzada por violentas movilizaciones callejeras, convoca a una Asamblea Constituyente y elige democráticamente a sus miembros para establecer el marco regulatorio común de nuestra vida social, política y económica; primera vez que la asamblea no es dominada por los partidos tradicionales o grupos de poder, sino que por ciudadanos independientes; y primera vez que la paridad de género se introduce en la elección de constituyentes. Todo esto comienza a prefigurar, en parte, la respuesta a la pregunta identitaria “¿cuál es nuestro proyecto futuro?”.